El gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, reiteraron su compromiso con los ciudadanos chiapanecos de trabajar por aumentar los niveles de paz y seguridad, esto tras la presentación de quienes ocuparán próximamente cargos dentro de las fiscalías del distrito y de la General del Estado (FGE).
Ramírez Aguilar explicó que durante su mandato colaborará con las autoridades de la FGE para mantener programas y acciones contra quienes intenten dañar la seguridad ciudadana para garantizar que se cumpla la ideología de “cero impunidad”. Según el fiscal general del Estado estas acciones tendrán un carácter humanista y empático, pero siempre pensando en que la garantía de la paz es el aspecto más importante.
La seguridad para aumentar el turismo
Tras este anuncio, representantes de la iniciativa privada del sector turístico en la entidad, comunicaron que esperan que, con la entrada del nuevo gobierno y del fiscal general, se garantice la seguridad en el estado, teniendo en cuenta que en los últimos años agencias turísticas y hoteles chiapanecos han sufrido cancelaciones debido a la inseguridad.
Así lo confirmó Sismondi Esparza Flores, coordinador de la Mesa de Seguridad Turística del sector empresarial, quien agregó que los empresarios esperan que realmente exista una sinergia entre la FGE y la Secretaría de Seguridad Pública, para devolverle a Chiapas su esplendor turístico luego de años.
Esta estrategia de seguridad que pretende emplear el gobernador electo, apoyará no solo al turismo sino a la economía del estado, teniendo en cuenta que por este motivo, y algunas consecuencias económicas debido a la pandemia, muchos establecimientos han quebrado.
Estadísticas sobre seguridad y paz en Chiapas
En el mes de septiembre del año en curso, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) compartió los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, la décimo cuarta encuesta en esta serie, que mostraba los resultados que había arrojado el estudio sobre la percepción de los niveles de inseguridad de los chiapanecos.
Según la propia Encuesta, la ENVIPE recopila información relevante para el posterior diseño y puesta en marcha de políticas públicas que respondan a las problemáticas de seguridad y victimización.
Los datos arrojaron que “el 17.3% de los hogares en el estado de Chiapas tuvo, al menos, una víctima de delito, que la extorsión en el estado de Chiapas representó una tasa de 2, 979 por cada millón de habitantes, y que el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 4.7 mil millones de pesos. Lo cual equivale a un promedio de 4,236 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito” en 2023.
Por otra parte, las cifras muestran que de dentro de las razones que ejemplifican las víctimas de delitos para no realizar la correspondiente denuncia, se encuentran la “pérdida de tiempo con 25% y la desconfianza en la autoridad con 10.4%”, razones atribuidas principalmente al escaso papel de la autoridad para resolver las denuncias.
