Hoy primero de noviembre, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la solicitud de un presupuesto de 13 mil 205 millones de pesos para las elecciones judiciales que se llevarán a cabo en 2025. Esta decisión se tomó por unanimidad en el contexto de la revisión de la reforma judicial por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Asignación de recursos y estructura del presupuesto
Durante la sesión, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, agradeció al personal del instituto por su trabajo en la preparación del presupuesto, que se enmarca dentro del “Proceso Electoral Extraordinario de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025”.
La distribución de los recursos propuestos incluye aproximadamente 6 mil 83 millones de pesos, que representan el 52% del total, destinados a la Dirección de Capacitación y Educación Cívica y a los salarios del personal. Además, se prevé asignar 4 mil 522 millones de pesos a la Dirección de Organización Electoral y mil 124 millones de pesos para materiales y suministros.
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Este presupuesto aún debe ser aprobado por el Consejo General del INE. En caso de ser autorizado, la solicitud total podría superar los 40 mil millones de pesos, lo que marcaría un récord para la institución. Las proyecciones indican que estas elecciones podrían ser las más costosas en la historia de México, superando los 8 mil millones de pesos utilizados en las elecciones presidenciales más recientes.
Comparación con apreciaciones anteriores
La cifra solicitada por el INE es superior a las estimaciones previas del coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien en julio había calculado que la elección de más de mil 600 jueces y magistrados podría costar entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos. Monreal también mencionó que, si era necesario, se podrían destinar parte de los 23 mil millones de pesos de los fideicomisos a este proceso.
La cantidad solicitada por el INE es considerablemente mayor que los recursos asignados a otros programas, como el Instituto Nacional de Transparencia y el programa de Atención a Víctimas, que recibieron aproximadamente un tercio de la cifra propuesta para las elecciones judiciales.