La actual crisis constitucional en México amenaza con desencadenar efectos económicos perjudiciales si no se respeta la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la reforma al Poder Judicial. José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ha expresado su preocupación sobre cómo esta situación puede afectar la inversión y la creación de empleo en el país.
Medina Mora subraya que el respeto a las instituciones es vital para mantener un entorno económico estable. “Cuando un poder ignora las decisiones de otro, la certeza jurídica se ve comprometida. Esto ahuyenta a los inversionistas, quienes requieren un marco legal claro y confiable para arriesgar su capital”, afirmó en una reciente conferencia.
La falta de respeto por parte del poder legislativo y ejecutivo hacia la SCJN podría llevar a una erosión de la confianza de los inversionistas, generando un clima de incertidumbre que afecta directamente a la economía.
Riesgos financieros y desconfianza del mercado
El sector empresarial ha reaccionado ante esta situación mediante la presentación de un amicus curiae que respalda la revocación de la reforma judicial. Esta acción busca resaltar los peligros que una reforma judicial politizada representa para la economía, al comprometer la imparcialidad del sistema judicial y, por ende, limitar el acceso a la justicia.
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“La certeza jurídica es esencial para atraer inversión. Un sistema judicial influenciado por la política puede desincentivar la llegada de capital extranjero”, agregó Medina Mora.
Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, también enfatizó las posibles repercusiones económicas. Ella advirtió que si se ignoran las decisiones de la SCJN, el país podría experimentar un aumento significativo en el tipo de cambio, junto con una salida de capitales. “La incertidumbre económica generada por la falta de cumplimiento de la ley puede afectar negativamente la estabilidad financiera del país”, afirmó Siller.
Por su parte, Juvenal Lobato, abogado y especialista en derecho, mencionó que las repercusiones de una crisis constitucional no solo serían políticas, sino que también desencadenarían consecuencias económicas. “Si el legislativo decide no acatar las sentencias judiciales, esto podría llevar a un incumplimiento que afecte aún más la confianza de los inversionistas y, por ende, la salud económica del país”, concluyó.
Con información de: El Financiero.
