El retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos podría impactar varios negativamente en la economía de los estados de México, especialmente aquellos que dependen del comercio, la inversión extranjera y las remesas, advirtió la calificadora Fitch Ratings.
Revisión del T-MEC y aumento de barreras comerciales con México
Una de las principales preocupaciones es el retorno de las políticas proteccionistas de Trump, que podrían dificultar las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos. La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tendría un impacto un aumento de aranceles y restricciones comerciales, lo cual afectaría a estados como Baja California, Nuevo León y Tamaulipas.
Esto disminuiría la competitividad de los productos mexicanos y reduciría los ingresos fiscales generados por el comercio, además de presionar las finanzas locales debido a un posible aumento en los impuestos sobre la nómina.
Otro efecto sería la posible desaceleración de la Inversión Extranjera Directa (IED) y el proceso de nearshoring, incentivado por la incertidumbre política que generaría la nueva administración.
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Estados como Baja California, Nuevo León y la Ciudad de México podrían enfrentar una menor llegada de inversiones. Las políticas de Trump se enfocan en traer de vuelta la producción manufacturera a Estados Unidos, lo cual afectaría el crecimiento económico y los empleos en estas entidades.
Menos remesas y su impacto en la economía local
La política migratoria de Trump podría reducir significativamente el flujo de remesas que millones de mexicanos reciben desde Estados Unidos. Las entidades más afectadas serían aquellas con grandes comunidades de migrantes, como Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.
Esta disminución en las remesas impactaría el consumo de bienes y servicios, así como la estabilidad financiera de las familias que dependen de estos ingresos. También, la caída de las remesas tendría un efecto directo sobre la demanda interna y la calidad de vida de muchos hogares.
La reducción de remesas y el aumento de las demandas sociales podrían forzar a los gobiernos estatales a reorientar su presupuesto hacia el gasto social y en servicios públicos esenciales. Esto podría llevar a la suspensión o retraso de proyectos de infraestructura de largo plazo.
