Activistas y grupos defensores de derechos humanos han manifestado su profundo descontento tras la noticia de que Francisco Garduño Yáñez, actual comisionado del Instituto Nacional de Migración (Inami), ha sido exonerado en relación con la tragedia migrante en Ciudad Juárez, que resultó en la muerte de 40 migrantes.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la decisión, afirmando que no existen pruebas en su contra, aunque también anunció que Garduño será reemplazado por el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, a partir de diciembre.
Un Inami sumido en la corrupción
Organizaciones defensoras de derechos humanos argumentan que Garduño deja un Inami comprometido por la corrupción y el crimen organizado. En el sur de México, grupos delictivos luchan por el control de las rutas migratorias, poniendo en peligro a miles de personas que cruzan el país en busca de una mejor vida.
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Esta situación ha llevado a más de 300 organizaciones a exigir alternativas a la actual política migratoria, presentando un conjunto de diez medidas urgentes que buscan reformar la ley de migración.
Urgencia de un cambio en la política migratoria
Los críticos sostienen que la estrategia actual ha propiciado el crecimiento del tráfico de personas, ya que el crimen organizado opera en complicidad con funcionarios corruptos de diversas instituciones, incluyendo el propio Inami. Informes indican que Garduño ha estado más preocupado por establecer relaciones personales dentro de la institución que por abordar los problemas estructurales que enfrenta el organismo.
Mientras tanto, la situación de los migrantes en México se agrava, y las organizaciones continúan clamando por un cambio significativo que garantice la seguridad y dignidad de quienes buscan cruzar las fronteras del país. La creciente presión social exige respuestas rápidas y efectivas ante una crisis humanitaria que no puede ser ignorada.