Esta semana se informó que más de 10 mil personas han realizado su registro en las plataformas correspondientes para participar en el proceso de la elección de manera extraordinaria de jueces, magistrados y ministros que formarán parte del Poder Judicial.
El presidente la Mesa Directiva de Senado mexicano, Gerardo Fernández Noroña, informó que las elecciones tendrán lugar el próximo 1ᵒ de junio del próximo año, y los postulantes debieron presentar un escrito libre que debía cumplir una serie de requisitos informados por el organismo y enviados a los correos electrónicos correspondientes o a través de las plataformas digitales que se establecieron para recopilar las candidaturas.
Además, recalcó que los aspirantes que participarán en el proceso eleccionario serán calificados por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, el Ejecutivo y Judicial, para que los ciudadanos mexicanos puedan ejercer su voto por las máximas autoridades del Poder Judicial en 2025.
En este proceso serán renovados 386 cargos de jueces y 464 magistraturas, al tiempo que se elegirán los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pasará de once integrantes a nueve según la Reforma aprobada; tres magistradas y dos magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); y diez magistradas y cinco magistrados de las Salas Regionales del TEPJF con sede en Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca.
Reformas al Poder Judicial: entre apoyo y polémicas
Estas elecciones que tendrán lugar en 2025 son resultado de la aprobación de las reformas al Poder Judicial promovida por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador meses antes de culminar su mandato.
Considerada como uno de sus legados más importantes, las reformas representan el cambio más profundo que ha tenido la judicatura en las últimas tres décadas, y fue aprobada tras los resultados de 86 votos a favor y 41 en contra.
Estos cambios abarcaban varios temas, pero sin dudas el que mayor polémica provocó fue el de la elección de los magistrados y jueces del sistema federal a partir del voto popular.
Además de este cambio, las reformas también planteaban que la presidencia de la Suprema Corte se renovaría cada dos años de manera rotatoria y que se eliminaría la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Corte, entre otros.
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