El economista jefe de BBVA México, Carlos Serrano, expresó su preocupación ante la reciente propuesta del gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla la construcción de un millón de viviendas a través del Infonavit.
Aunque reconoce la necesidad de aumentar la oferta de viviendas en el país, Serrano enfatizó que la intervención directa del gobierno en este sector podría generar riesgos financieros para los trabajadores.
Serrano explicó que los recursos del Infonavit no pertenecen al gobierno, sino a los empleados que cotizan, lo que significa que cualquier posible pérdida en la rentabilidad de la construcción afectaría directamente a los trabajadores. Para evitar este escenario, subrayó la importancia de que cualquier proyecto habitacional impulsado por el gobierno sea económicamente viable.
Incentivos para el sector privado
BBVA México aboga por una solución basada en el estímulo a las empresas privadas para aumentar la oferta de vivienda. Serrano destacó que existen numerosas constructoras en el país que podrían encargarse de estos proyectos con estándares de calidad y competencia adecuados.
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En lugar de que el estado se involucre directamente en la construcción, sugirió que se rediseñen políticas que generen incentivos, como la simplificación de permisos y un programa de subsidios bien estructurado.
El economista advirtió que si el gobierno asume la construcción de viviendas, podrían surgir problemas como la ubicación inadecuada o la politización de las decisiones. Serrano recordó que en el pasado, el Infonavit ya había incursionado en la construcción de viviendas, con resultados que no fueron del todo satisfactorios.
Un enfoque en el desarrollo sostenible
BBVA México concluyó que, para atacar el déficit habitacional de manera efectiva, es fundamental diseñar estrategias que fomenten la participación del sector privado, asegurando que las viviendas se construyan en zonas donde exista demanda real y bajo criterios de rentabilidad. Esto permitiría un crecimiento sostenible en el mercado inmobiliario, protegiendo al mismo tiempo los intereses económicos de los trabajadores.
